La Suprema Corte de México despenalizó el aborto, ¿qué significa esto?

CIUDAD DE MÉXICO — En cuanto la enfermera se enteró de que había abortado en su casa, Fernanda García supo que estaba en riesgo. La enfermera le comenzó a gritar que era una delincuente, que lo que había hecho estaba mal, que la iban a mandar a la cárcel.

“Me dijo que me iban a denunciar, que iba a enfrentar cargos”, comentó García, quien el mes pasado fue al hospital después de sufrir dolores y sangrado. “Nunca he sentido tanto miedo en mi vida”.

García dice que, cuando intentó marcharse, el personal médico se rehusó a regresarle sus pertenencias. Decidió arrebatarles sus cosas, dice, y escapó. Pero todavía se estremece cada vez que suena el timbre de su puerta, convencida de que la policía está ahí para arrestarla. Desde entonces, relata García, ha pensado muchas veces en quitarse la vida.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de México ha dictaminado que el aborto no es un delito, y el falló sentó un precedente legal que pone al país en camino a ser la nación más poblada de Latinoamérica en permitir el procedimiento. En años recientes, miles de personas han enfrentado investigaciones penales por poner fin a sus embarazos pero, según expertos legales, la decisión unánime que tomó la corte la semana pasada debería permitir que les retiraran los cargos.

Sin embargo, casos como el de García demuestran que los máximos magistrados de la nación no están en sintonía con las visiones de la mayoría conservadora de México, donde las encuestas indican que la mayoría de las personas no cree que el aborto debería ser legal.

Debido a que el movimiento en favor de los derechos de las mujeres ha tomado las calles de México cada vez con mayor arrojo y frecuencia, en el país se abren las puertas a un mayor acceso al aborto, pues varios estados ya habían despenalizado el procedimiento antes del fallo de la Suprema Corte. Sin embargo, al igual que en Argentina —país que legalizó el aborto el año pasado— muchos doctores se rehúsan a realizar el procedimiento por cuestiones morales, y los cambios han generado grandes divisiones en una nación con una de las poblaciones católicas más grandes del mundo.

De hecho, en 2018, los legisladores mexicanos consagraron el derecho de los médicos a rehusarse a realizar cualquier procedimiento que fuera en contra de sus creencias personales: un tema polémico que se espera que la Suprema Corte aborde esta semana y que podría determinar la disponibilidad del aborto en la práctica.

La corte está considerando si va a exigir que los hospitales públicos tengan profesionales médicos en su personal que estén dispuestos a realizar abortos o que los pacientes deban ser transferidos a instalaciones que sí los realicen. Los magistrados también decidirán si van a prohibir que los profesionales médicos acosen o hagan proselitismo a las mujeres que quieran abortar, una maniobra que en esencia podría cambiar la manera en la que los doctores y el personal de enfermería tienen permitido tratar a las personas que buscan poner fin a su embarazo.

“La formación de buena parte del personal médico y de salud se basa en una visión muy tradicional respecto del tema del aborto e incluso en la influencia de los valores religiosos”, señaló Roberto Castro, investigador médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Cuando se les pregunta si practicarían un aborto, tenemos a muchos médicos diciendo que son objetores de conciencia, que porque ellos no van a matar a un ser humano”.

A pesar de que la semana pasada la Suprema Corte determinó que realizarse un aborto no es un delito, el procedimiento sigue siendo extremadamente difícil de conseguir. Antes de que el aborto sea legal en todo México, primero se deben impugnar la gran cantidad de leyes estatales que lo prohíben, a menos que las legislaturas locales voten para cambiarlas.

Incluso en las pocas regiones del país que ya han legalizado el aborto, las reacciones negativas han sido considerables e incluso algunos profesionales de la salud se han negado a realizar el procedimiento. Según algunos investigadores médicos y doctores, habrá una reacción similar al fallo de la Suprema Corte, por lo que su siguiente gran decisión —sobre el derecho de los doctores y el personal de enfermería a rehusarse a realizar el procedimiento— es muy importante.

“El siguiente reto ahora va a ser enfrentar esa objeción de conciencia”, comentó Magali Rosas Rosales, subdirectora del hospital municipal de Tepetlixpa, Estado de México. “Las nuevas generaciones ya están más adaptadas a este cambio. Pero los médicos adultos luchan mucho contra sus principios morales”.

Desde hace mucho tiempo, los doctores y los trabajadores del sector de enfermería en México han denunciado a las mujeres por haberse realizado abortos ilegales. La ley federal les exige denunciar cualquier delito del que se hayan percatado, así que una de las formas más comunes en que las mujeres terminan en manos de la policía es que sufren complicaciones a causa de los abortos realizados en casa, acuden al hospital sangrando y en poco tiempo las delatan ante las autoridades.

Martha Patricia Méndez Manuel dijo que antes de que una enfermera la reportara ante las autoridades, le dijeron que se arrepintiera de sus acciones, Méndez dijo que llegó sangrando profusamente a un hospital en Veracruz luego de tomar una píldora abortiva pero que el personal la hizo esperar durante horas antes de que la atendiera un especialista.

Al recobrar la conciencia tras un procedimiento para retirarle el tejido fetal que restaba, relató, una enfermera le trajo un bulto envuelto en una sábana.

“Me dijo: ‘pídele perdón porque tú lo mataste’”, recordó Méndez. “Pensé que era la peor mujer del mundo”.

La misma enfermera la llevó, en su cama de hospital, hasta el ala de maternidad, dijo, para que pudiera ver a las madres que recibían a sus recién nacidos. “Era una tortura”, advirtió. Luego, relató, la enfermera la llevó directamente a la oficina del ministerio público local para que fuera procesada.

Méndez, quien en ese entonces era estudiante universitaria, consiguió un abogado pero el calvario continuó y fue objeto de amplia atención pública y, a menudo, enojo. “Todo el mundo me señalaba”, dijo. Relató que perdió a sus amigos y al final se dio de baja de la universidad y se mudó del estado, lejos de su familia. Pasó años peleando los cargos que se le imputaron hasta que los fiscales desistieron del caso en 2019, dijo su abogado.

Según los expertos, la educación médica en México por lo general no incluye entrenamiento extenso sobre cómo realizar abortos seguros, que son legales desde hace mucho tiempo en ciertos casos, como la violación. Algunas universidades “pudieran tener una posición contraria al aborto o a la despenalización”, dijo Amado Nieto Caraveo, profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Conforme las activistas han expandido el acceso al aborto en todo el país, a veces sus esfuerzos han provocado una revuelta entre algunos médicos y personal de enfermería. Cuando en Ciudad de México se legalizó el aborto en 2007, muchos trabajadores del sector sanitario no realizaban el procedimiento. En Oaxaca, donde se legalizó el aborto en 2019, un grupo de médicos luchó, sin éxito, para que se derogara la ley.

La reacción negativa también se ha extendido a las legislaturas estatales. Dos de los partidos más poderosos de la nación añadieron cláusulas a las constituciones de 19 estados que enfatizaban el compromiso del gobierno para proteger la vida desde el momento de la concepción.

La medida no agregó ninguna nueva sanción al aborto, pero fue una herramienta poderosa para señalar que todas las personas que no denunciaran un aborto en esos estados “estaban en una falta muy grave”, dijo Martha Lamas, activista feminista. “Tuvo impactos en la mente de mucha gente”.

La semana pasada, en otro fallo crucial, la Suprema Corte declaró que esas cláusulas también eran inconstitucionales. Al comprometerse a proteger la vida nonata, “implícitamente lo que está logrando es imponer límites a los derechos humanos de otras personas, en este caso de las mujeres”, dijo uno de los magistrados, Luis María Aguilar.

García asegura que sigue teniendo miedo, a pesar de las acciones de la corte. Ella vive en Guanajuato, un bastión del partido conservador PAN, donde los políticos locales se manifestaron enérgicamente en contra de la decisión de despenalizar el aborto.

Además, García vive con familiares conservadores y teme que la vayan a echar de su casa.

Antes de irse del hospital, García mencionó que le ordenaron que se desvistiera para hacerle un examen. Luego una trabajadora social entró en la habitación y le exigió que le dijera la dirección de su casa y otros datos personales para que el hospital pudiera denunciarla ante las autoridades.

Desde la visita a la sala de urgencias, García asegura que no ha podido dormir bien de noche.

“Es una angustia cada día”, comentó. “Apenas ladran mis perros y empiezo a temblar, empiezo a temblar, empiezo a sentir que son ellos, que ya que es un hecho, que sí voy a enfrentar los cargos”.